POR CHRISTIAN ECHEVERRÍA
La iniciativa de ley 3896 que discute el Congreso
considera jóvenes adolescentes a "las personas comprendidas desde los trece años y los menores de dieciocho" y a los jóvenes como "personas mayores de dieciocho y menores de treinta". El INE dijo en 2014 que la gente entre 15 y 34 años es el 37 por ciento de la población. Para grupos religiosos y empresariales ultraconservadores como la
Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), la Alianza Evangélica (AE) y el CACIF sus
derechos, obligaciones y valores son asuntos privados de sus familias y las
iglesias, y no es función del Estado educarlos o darles desarrollo, sino del
mercado y la oferta laboral disponible. Una corriente de derecha, aparentemente más moderada, dice que sí es necesaria una ley para la juventud pero no con más impuestos y burocracia, pues ya existen instituciones responsables de atanderla.
Pero para progresistas de
organizaciones por los derechos de la juventud como la Red Incidejoven, la Asociación Guatemalteca
de Humanistas Seculares (AGHS), académicos y el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala (SNU), las enmiendas planteadas en la discusión de la ley son una
oportunidad histórica para introducir derechos sexuales y reproductivos con
educación sexual integral, científica y laica que prevenga, entre otros,
problemas como embarazos tempranos o violencia sexual, y una institucionalidad
estatal más sólida que la existente a favor de la juventud.
Para unos, las enmiendas a la Ley Nacional de la Juventud son
inmorales porque promueven el aborto y la promiscuidad (a pesar de que estas no
los mencionan), y generan más impuestos y burocracia en un Estado ya ineficiente
y corrupto. Para otros, son la oportunidad de que la sociedad y el Estado se
ocupen al fin de la juventud de forma integral, empezando por empoderarla de
sus derechos y su cuerpo. El debate ya comenzó y aquí está la perspectiva de
sus actores en una sociedad aún dividida entre el feudalismo colonial y la posmodernidad
del siglo xxi; una sociedad que aún no sabe qué hacer con sus jóvenes…
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| 2 de mayo, 2015. Plaza de la Constitución |
Las enmiendas de la discordia: educación sexual
integral, más impuestos y burocracia
La Ley Nacional de la Juventud se conoció en el Congreso
en 2008 cuando el diputado José Alejandro De León presentó la iniciativa de ley
3896 para su discusión. Luego, en 2014, el diputado Jimmy Ren Ixcamparij
presentó la 4826; otra muy similar. Pero fue recién en enero de este año cuando
empezó el verdadero debate (dentro y fuera del Congreso) para su aprobación
final con algunas enmiendas y sobre la base de la primera iniciativa. Entonces,
varias organizaciones juveniles y la sociedad civil se movilizaron a favor y en
contra de los cambios propuestos. Pero, ¿de qué cambios hablamos?
Para empezar, se eliminaría el actual Consejo Nacional
de la Juventud -CONJUVE- (artículo 31) y se crearía el Sistema Nacional de la
Juventud (SNJ) con una nueva Secretaría Nacional de la Juventud, una Comisión
Intersectorial de Políticas Públicas de la Juventud y un Consejo
Nacional Juvenil cuya función sería la “formulación, ejecución, implementación,
monitoreo y seguimiento de manera articulada y coordinada de las políticas
públicas nacionales, sectoriales, intersectoriales y multisectoriales de desarrollo
integral de la juventud” (artículos 18 y 19). La Secretaría Nacional de la
Juventud se financiaría con el 10 por ciento de lo que se recaude del impuesto de la Ley de Tabacos y Sus Productos (artículo 23). También se espera
que en la Comisión Específica de la Juventud que hoy discute la iniciativa y
sus enmiendas, liderada por la diputada Alejandra Carrillo del PP, se considere
aumentar del 5 al 6 por ciento el ISR en dividendos y utilidades del capital...
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| Los empresarios tendrían que pagar más por sus ganancias que en la actualidad. Fuente: Soy502, 8 de febrero de 2016 |
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| Los recursos recaudados por la modificación tributaria serían destinados para salud y programas de juventud. Fuente: Soy502 |
Pero la desdicha de los ultraconservadores no termina con los impuestos. También se proponen educación y salud integrales en sexualidad y diferenciadas sobre la base de la Constitución y los tratados internacionales asumidos por Guatemala en materia de derechos de juventudes; un marco jurídicamente superior al acuerdo gubernativo del CONJUVE (artículo 5, incisos d y f de las enmiendas, y artículos 10 y 11)...
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| Educación Integral en Sexualidad GT en su Facebook el 8 de febrero: "Las enmiendas presentadas al pleno y discutidas y aprobadas el día jueves 4 de febrero. Falta la del artículo 10. En ningún momento se plantea aborto o matrimonio igualitario, aquí hay desinformación!". |
Y así tenemos, entonces, dos grandes debates.
Uno: ¿Ya tiene Guatemala una
institucionalidad sólida en juventud o necesita de más?
Para la diputada Carrillo, también exdirectora del CONJUVE
en el gobierno Patriota, no es suficiente: “Actualmente el CONJUVE cuenta únicamente con un acuerdo gubernativo de
respaldo (405-96), por lo que puede ser suprimido con facilidad, lo cual
dejaría a las y los jóvenes guatemaltecos sin una institución que se encargue
de promover el trabajo estatal a favor de ellas y ellos”, respondió por correo
a Asuntos Inconclusos. “En los últimos años se han realizado mediciones del
gasto social en juventud, por lo que los recursos no sólo deben asignarse a una
institución en específico, sino que también deben sostenerse y aumentarse
gradualmente a todas aquellas instituciones y dependencias que tengan relación
con el desarrollo de la juventud”.
Para la politóloga de la ultraconservadora Universidad
Francisco Marroquín (UFM), Marielos Chang, ya es demasiado y redundante: “Todas estas nuevas entidades que se estarían creando
con el SNJ ya existen de una u otra manera. El SNJ y el Consejo Consultivo
Nacional Juvenil tienen funciones similares a las del Conjuve. Y si no me
creen, pueden consultar el acuerdo gubernativo 405-96”, escribió en su columna
de Plaza Pública a principios de febrero. “El resto de funciones que no se
mencionan allí, pero que sí se incluyen en la ley, pueden encontrarse en la
Política Nacional de Juventud 2012-2020, que también cumple con las funciones
de la Comisión Intersectorial de Políticas Públicas para la Juventud y que
básicamente es lo mismo que el Gabinete Específico de la Juventud (GEJ), creado en el
acuerdo gubernativo 163-2012”. Irónicamente, tanto el CONJUVE (1996) como la
Política Nacional de Juventud y su acuerdo gubernativo 173-2012, fueron creados
en gobiernos conservadores apoyados por empresarios partidarios del Estado
mínimo (para unos temas, no para todos): el de Arzú y el de Pérez Molina, respectivamente.
Y qué decir de las juventudes del derechista Movimiento Cívico
Nacional (MCN), que en un comunicado del 10 de
febrero en redes sociales expresó su desacuerdo con aumentar impuestos para
financiar el SNJ y la creación de nueva burocracia, a través de su representante José Echeverría.
Sin embargo, más allá de los debates sobre su
institucionalidad, las necesidades de los jóvenes en Guatemala han sido
históricamente enormes y una dura realidad. Una publicación del
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) con datos anteriores a la Política Nacional de Juventud, es clara: “…en el año 2011 estaban fuera de la escuela cerca de
3 millones de jóvenes guatemaltecos entre los 13 y 29 años; dicha problemática
se concentraba incluso en el grupo etario de 13 a 18 años en cerca de 800 mil
personas. Otra cifra reveladora señala que el Estado guatemalteco invierte
diariamente en el desarrollo de su juventud la cifra de US$ 0.34, cantidad que
a todas luces resulta insuficiente; además, la estructura y la composición de
la inversión también es inequitativa e ineficiente. Esa cifra, traducida en
variables macroeconómicas, expresa el gasto público en juventud como porcentaje
del presupuesto público en un 8.1 por ciento para el periodo 2006-2011 y en 2.1
por ciento para el mismo período pero como proporción del producto interno
bruto”.
Ante esto, el economista del Grupo Semilla y
exministro de Finanzas del gobierno de la UNE (período de los datos del
ICEFI), Juan Alberto Fuentes Knight, estima prioridades: “No me
gustan los impuestos con destino específico”, dijo por mensaje de Facebook para
Asuntos Inconclusos, sobre las enmiendas fiscales. “Se requiere una visión
integral de las finanzas para evaluar cuáles son las prioridades de manera que
se canalicen los recursos de acuerdo con estas. No me parece que una burocracia
de juventud sea ahora prioritaria. ¿Desnutrición crónica?, ¿mortalidad materna?,
¿pobreza extrema? ¿No andará por allí la prioridad?”. Fuentes Knight fue parte
del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF), un grupo de notables que propuso desde
2006 una modernización de impuestos integral, y luego, como ministro, impulsó una
ambiciosa reforma que incluía, justamente, el ISR.
Otra voz crítica desde los economistas es el teórico
de izquierda y columnista de Asuntos Inconclusos, Jesus Abac, que cuestiona el
tabaco y sus derivados como fuente de financiamiento para los jóvenes: “Para financiar la Ley de Juventud es necesario que los jóvenes tengan
que aumentar el consumo de los productos derivados del tabaco durante los años
futuros”, argumenta. “La tendencia sobre los ingresos tributarios brutos sobre el
tabaco y sus productos para el Gobierno de Guatemala, ha venido en descenso en
un promedio de -4 por ciento desde el año 2005 al 2016. Es importante tomar en
cuenta que este impuesto depende de la demanda de sus productos derivados a
nivel internacional y nacional. Sin embargo, la tendencia mundial al consumo de
tabaco ha disminuido como consecuencia de las enfermedades cancerígenas que
provoca. Financiar una ley con el 10 por ciento sobre este impuesto es apostar
a su desfinanciamiento en años futuros”.
En todo caso, la institucionalidad de la juventud no es la única que
sufre para llegar a fin de mes y cumplir sus funciones en el Estado, ni la única con
necesidad de fortalecerse. Así lo piensa Abac que, como siempre, va más allá:
“Desde mi postura radical, los jóvenes debemos solicitar una reforma al sistema
tributario que últimamente sigue siendo regresivo y sustituirlo por un sistema
fiscal progresivo”, afirma. “Además, realizar un análisis a la Ley de Maquilas y Zonas Francas, lo que implica que se agraven los impuestos a las ganancias de
los grandes monopolios y a la importación de productos suntuosos y superfluos
como autos de lujo, helicópteros, joyas, etc. La producción de tabaco para los
próximos años, debido a la creciente demanda de mayor información de los
consumidores, estaría en disminución debido a su bajo consumo y por ende la
disminución de los impuestos en este rubro. Es chistoso que para financiar esta
ley debemos convertir a los jóvenes en fumadores compulsivos. Si
deseamos una ley que proteja a las generaciones de jóvenes que ingresarán al mercado
laboral, es importante entonces apostarle a un financiamiento fiscal que
implique altos impuestos a la oligarquía nacional para educar a su futura
fuerza de trabajo…”.
¿Y qué dice el CACIF? Lo de siempre. No quiere pagar impuestos: “Es un
grave error estar proponiendo aumentos de impuestos aislados”, dijo el 6 de
febrero para elPeriódico su presidente, Jorge Briz.
El Gobierno, con fuerte influencia empresarial y como se esperaba, se
sumó al CACIF, y el ministro de Finanzas actual, Julio Héctor Estrada, se
pronunció: “No nos parece que se hagan reformas de forma casuística, sin
consulta y con una asignación específica”, declaró para el mismo medio. Estrada
aseguró que antes de hacer una reforma fiscal se debe hacer un análisis técnico para determinar su impacto en el sector privado.
Y Carrillo, del conservador PP, tampoco apoya el financiamiento
específico. Afirmó que cuando fue directora del CONJUVE promovió una revisión a
la iniciativa de la Ley de Juventud junto con el Gabinete Específico (creado por acuerdo gubernativo 163-2012 con la Presidencia y
Vicepresidencia, y los ministerios de Gobernación, Desarrollo Social, Economía,
Salud, Ambiente, Trabajo, Finanzas, Educación, Cultura, Defensa,
Comunicaciones, el CONJUVE y otras secretarías), algunas organizaciones y el
Sistema de las Naciones Unidas de Guatemala.
“…no se consideró viable la asignación
específica de recursos para una nueva institucionalidad de juventud, sino que
la misma debe dirigirse hacia las instituciones que conformarán el Consejo
Nacional de la Juventud (la figura del GEJ se institucionaliza) y que son
quienes ejecutan acciones y programas para la juventud”, escribió. “Una de las
propuestas de enmienda que presenté al pleno y que fue respaldada por varios
legisladores, es que la competencia de la asignación de recursos debe ser del
Organismo Ejecutivo, y para ello debe contar con un análisis sobre cuál debería
ser la cantidad presupuestaria a asignar”.
En un comunicado del 4 de febrero, el Sistema de las Naciones
Unidas en Guatemala declaró, sin mencionar las enmiendas, que la aprobación de
la Ley Nacional de la Juventud es una oportunidad para el fortalecimiento de su
institucionalidad.
Dos: Educación sexual integral en Guatemala:
¿Una “cajita de herramientas para la vida” o la semilla del mal?
Medios masivos de comunicación cercanos a estos
sectores ultraconservadores, como Prensa Libre el 7 de febrero, titularon sin
más que la enmienda sobre educación sexual integral propone el aborto a pesar
de que el texto oficial de la misma no lo menciona ni lo sugiere.
Pero entonces, ¿qué entienden los promotores de la
ley y sus enmiendas por "educación sexual integral" con enfoque "científico"? Flor González, directora de Incidejoven, una de las organizaciones
juveniles más activas por la iniciativa en el Congreso, intentó
responder para Asuntos Inconclusos: “Es un derecho humano”, afirmó. “Nosotros
(los jóvenes) tenemos derecho a tener información; nosotros tenemos derecho a
conocernos y reconocernos; tenemos derecho a gozar de los avances científicos;
y cuando hablamos de educación integral en sexualidad es un proceso de
constante formación e información en nuestras vidas”. González dijo que en los
programas educativos esperarían abordar temas sobre la sexualidad de los
jóvenes desde un sentido más amplio, lo cual incluiría, entre otros, Derechos Humanos,
diversidad y empoderamiento: “Vamos a abordar relaciones de poder, vamos a
abordar cuáles son nuestros derechos, nuestro cuerpo, qué hay en nuestro
cuerpo, reconocer que no todos los cuerpos son iguales…”.
Cecilia Alfaro, de la Escuela de Formación de
Profesores de Enseñanza Media de la USAC (EFPEM), destacó la importancia de
reconocer la evolución histórica de la sexualidad y la educación: “Llegamos a
un momento donde entendemos que la sexualidad no es biológica nada más”, indicó. Y González, afirma: “Describo la Educación Integral en Sexualidad como una cajita de herramientas para la vida”...
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| Activistas por la Ley Nacional de la Juventud y sus enmiendas de educación sexual integral: Flor González, directora de Incidejoven (izquierda), y Cecilia Alfaro de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la USAC (EFPEM) |
Pero para las iglesias no es así. La CEG en un polémico comunicado reciente: “Las enmiendas a la
Ley Nacional de la Juventud impulsadas por un grupo de diputados hacen palpable
una visión reduccionista de la persona”. Y agrega: “La denominada ´educación
integral y científica´ que actualmente promueven diversas organizaciones
–frecuentemente financiadas con recursos de organismos internacionales- se
reduce a la genitalidad, promoviendo así la falta de autodominio, la
promiscuidad y eventualmente la violencia sexual”.
En una nota de Diario Digital, Álvaro Ramazzini, secretario de la CEG, y César
Velásquez, presidente
de la AE, cerraron filas contra las enmiendas de educación
sexual integral.
“Buscaríamos abogados que demuestren la
inconstitucionalidad de dos enmiendas”, dijo Ramazzini. Al preguntarle por su
intervención en asuntos públicos de un Estado laico, afirmó: “Nosotros no lo estamos defendiendo desde la fe
sino desde la naturaleza humana y el Estado se está pasando sobre las leyes
naturales”. Según el vocero de la CEG, citado por Diario Digital, una
de las inconstitucionalidades es promover el uso de anticonceptivos “porque la mayoría de ellos son abortivos y la Constitución
protege la vida desde su concepción”.
En el mismo medio, David Pineda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares, reaccionó a los religiosos: “El hecho que ellos se manifiesten está bien,
pero es diferente si a través de presión directa con diputados y otras tácticas
legales quieran inmiscuirse. Esto lo vemos como una clara interferencia entre
la separación de Iglesia y Estado”.
Y la también activista de Incidejoven, Kendra
Avilés, fue igual consultada por
la periodista Mariajosé España: “La Educación Integral en Sexualidad no es abrir las puertas al aborto. Estas
declaraciones y otras conservadoras vienen con la desinformación”, remarcó.
Ante la postura tradicional de empresarios y
religiosos de que el Estado no debe intervenir en la vida privada de los
ciudadanos, Avilés declaró: “El problema
es que los padres no han tenido esa educación sexual integral, ¿qué pasa con
los jóvenes que no tienen padre, a quién acuden entonces?”.
El psicólogo y columnista de Asuntos Inconclusos,
Mariano González, se refirió a la Educación Sexual Integral como posibilidad de
construcción de ciudadanía por el aprendizaje de derechos que promueve; al
cuerpo de los jóvenes como territorio político, y respondió por mensaje de
Facebook: “En nuestra sociedad, el cuerpo de los jóvenes y el
de las mujeres ha sido tradicionalmente negado en tanto que cuerpo autónomo
capaz de gratificación, cuidado, autonomía, etc. En el caso de las mujeres,
existe más bien como objeto del deseo masculino. No obstante, la corporalidad
se expresa y no es posible regularla totalmente (el sueño de algunos represores
y controladores). Sometida y regulada la corporalidad, la sexualidad, aparecen
y se encuentran en tanto que son vida. Pero insisto en el punto: vida
reprimida, controlada, negada. Una educación sexual sana, integral, ayudaría a
cierta reapropiación de la sexualidad, a ya no verla con tanta culpa y
pecaminosidad (no es que se desculpabilice todo, pero algo ayuda), y de paso
hay problemas como el de adolescentes embarazadas y abortos clandestinos que se
podrían reducir”.
La diputada Carrillo coincide con las jóvenes que
promueven los cambios: “Respecto a la
enmienda sobre Educación Integral en Sexualidad, sí cuenta con mi apoyo ya que
la misma no se refiere únicamente al ámbito sexual o de métodos
anticonceptivos, sino que está asociada con el cambio de comportamiento, la
construcción de planes de vida y el desarrollo de las personas, en este caso,
la juventud…”.
Se intentó contactar a la jefa de la bancada
progresista de Convergencia, Sandra Morán, quien también ha expresado
públicamente su respaldo a las enmiendas, pero no respondió los mensajes por
Facebook ni las llamadas de Asuntos Inconclusos.
Así las cosas, así el debate y su variedad de voces.
¿Tendrán los jóvenes progresistas una respuesta de su Estado y sociedad a las
necesidades que expresan?, ¿o se impondrá (como casi siempre) la visión
ultraconservadora colonial y tendremos que esperar al siglo xxii para que
Guatemala, al fin, sea en realidad lo que presume en sus leyes: un Estado democrático,
liberal y laico?
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