En 2005, la
institución para la que trabajo llegó a la conclusión que para hacer
sostenibles la mayoría de las iniciativas y esfuerzos que realiza en el nivel
local, la clave era impulsar acciones de incidencia política para consolidar
políticas públicas con un enfoque de Derechos de la Niñez y Adolescencia. A partir de
esa conclusión, une sus esfuerzos a otras organizaciones y se hace miembro de
la Mesa de Municipalización. Un espacio amplio desde donde se plantea que el
desafío es poner a la niñez en la agenda pública de las autoridades locales.
A la fecha, en
el contexto de la Mesa, se contabilizan 40 políticas públicas municipales
aprobadas y en ejecución, y 2 regionales (de dos mancomunidades). En proceso de
elaboración o aprobación se reportan 12 y una regional de una mancomunidad. La
característica principal, es que todas las políticas aprobadas tienen un
presupuesto aceptado y en ejecución.
Este proceso
se ha logrado gracias a un esfuerzo de formación-acción en el que representantes
de la sociedad civil en los municipios, los sectores gubernamentales en Salud,
Educación, Cultura y Deportes, nutrición, autoridades locales (concejales,
síndicos y alcaldes) y grupos de niños, niñas y adolescentes se reúnen para
formarse en temas técnicos y de ciudadanía tales como paradigmas de la niñez,
situación de la niñez y adolescencia en Guatemala y el marco legal que
posibilita su participación. Se plantean también temas vinculados con la manera
de construir diagnósticos municipales con un enfoque de Derechos de la Niñez y
Adolescencia, planes y propuestas que aborden los vacíos y brechas identificados
en ellos (como realizar un presupuesto participativo) y también la socialización
de la metodología de participación para la incidencia política.
Es interesante
que después de casi un año de trabajo y como por arte de magia, la comisión
formuladora ve aparecer, como fruto de un
trabajo compartido, un documento investigado, propuesto y costeado por ellos mismos.
Y más admiración cuando lo presentan a las autoridades, quienes dicen que ya
todo está hecho y lo llevan ante el Concejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- y la Corporación en pleno y es aprobado, convirtiéndose en una herramienta
de gestión para las alcaldías que, inteligentemente, la aprovechan para
gestionar ante el Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE-, garantizando
los fondos desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-.
Cada año, en cada municipio, hay un proceso similar y parecidos resultados.
Infortunadamente,
cada cuatro años, en los cambios electorales, muy pocos alcaldes respetan el
acuerdo municipal y le dan continuidad a la política pública municipal a favor
de la niñez. Los que saben aprovechar este producto incluso lo
mejoran, le agregan más recursos o modifican algún componente, avalando no sólo
lo que hizo la Corporación anterior, sino toda una comisión ad hoc que se ha capacitado
para formular una herramienta que, por excelencia, se considera parte del
proceso de diálogo político para una ciudadanía activa.
Pero la
generalidad es que cuando cambian los gobiernos municipales se da el proceso
inverso. Es decir, las autoridades recién electas hacen borrón y cuenta nueva y
hay que comenzar de nuevo y de cero, en tanto consideran que lo que hizo el
anterior gobierno no tiene su sello, su marca.
Esta situación,
repetida en sucesivos cambios de Gobierno, lejos de traer motivación a la
ciudadanía le produce frustración, al igual que a las instituciones que las
impulsan y acompañan.
Las políticas
que se pensaba que pronto serían procesos de sostenibilidad, aún están lejos de
convertirse en esa práctica propia de la tan ansiada cultura de participación,
en tanto que los integrantes de los partidos políticos carecen de toda
formación política y ciudadana, y es hasta que llegan al poder cuando se
interesan por conocer.
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| Soy502 |
A pesar de lo
anterior, a través de estos procesos formativos se ha logrado construir una
cultura de niñez diferente en los 40 municipios que poseen política pública. Los
Derechos de la Niñez y Adolescencia se han convertido en ese horizonte al que
se aspira. Más que un discurso, ya comienza a ser una práctica relacionada con
indicadores sociales que se escalan a partir de una inversión concreta.
Pero además,
muchos niños, niñas y adolescentes que han participado desde 2005, hoy son
jóvenes que ocupan puestos en espacios de decisión: miembros de Consejos
Comunitarios de Desarrollo –COCODES- (Nahualá y San Andrés Semetabaj), COMUDES
(Zunilito, Concepción y San Marcos La Laguna), secretarios municipales (Santa Clara La Laguna), concejales o síndicos (San Juan La Laguna) y
técnicos (San Pablo La Laguna).
A pesar de ser
procesos de largo aliento, cada vez resultan más fáciles de implementar, porque
sus nuevos protagonistas hablan el mismo idioma.
El camino
todavía es largo. Impone, a fuerza de comenzar de cero, nuevos conocimientos,
actitudes y prácticas; todas ellas más horizontales, democráticas,
participativas y estratégicas para abordar con todos los actores locales la
importancia de ir cerrando las brechas en el ejercicio de los derechos en Guatemala.
Esto supone
una nueva clase política en lo local. Una que tenga claridad de su rol y de la
importancia de ser actores formados y comprometidos, que pueda dar respuestas
claras a las demandas ciudadanas, especialmente de esa mayoría demográfica: la
niñez y adolescencia.
Tal vez
pronto, una nueva generación nos posibilite el tránsito hacia una cultura de
planificación de más largo plazo.
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Myrella Saadeh LABERINTO
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| El nombre de esta columna es complejo, desde donde propongo hacer un recorrido por la situación de la niñez de Guatemala. Soy psicóloga, catedrática de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar e investigadora, y soy directora de PAMI. Una organización que promueve los derechos y la participación de la niñez y adolescencia desde 1989 |
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