POR MYRELLA SAADEH
El
descubrimiento de una red criminal en la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT), acusada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) de robos millonarios en 7 aduanas del país, en la que están
implicados altos funcionarios hasta involucrar directamente a la pareja
presidencial; es una gran noticia en Guatemala.
La ciudadanía se siente indignada con
semejantes hallazgos. Pero, ¿cómo afecta esto a la niñez y adolescencia?
Tradicionalmente, para hablar de niñez, se utilizan categorías e indicadores sociales. Sin embargo, es importante para el análisis incluir algunos indicadores económicos.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) aporta esta valiosa información.
Para 2014, el Estado de Guatemala invirtió en la niñez Q17.8 millones (US$2.3 millones), lo que corresponde a un 26 por ciento del presupuesto total y un 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para 2014, el Estado de Guatemala invirtió en la niñez Q17.8 millones (US$2.3 millones), lo que corresponde a un 26 por ciento del presupuesto total y un 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto significa
Q2,391.91 anuales por cada uno de los niños y niñas (US$306), equivalente a Q6.55
(US$.084) diarios asignados a los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo y
Agricultura, y a las secretarías de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y Bienestar Social (SBS).
Pero ¿es
posible que con Q2,391.00 anuales o Q6.55 diarios se cubran con calidad la
salud, la educación y la protección de la niñez?
Evidentemente
no.
La inversión
que ellos merecen es grande, y las demandas planteadas y presentadas ante los
sucesivos gobiernos para incrementarla se estrellan contra el muro de la
indiferencia. Ninguno se atreve a decir que no y simplemente abrazan a los
niños en campaña electoral, o los hacen “protagonistas” de vallas gigantes y gestionan
recursos en su nombre; pero cuando es el momento de devolverles… ¡silencio!
Esta falta de
inversión se refleja en los pobres indicadores sociales de 2014: rápido
descenso en la cobertura educativa (sobre todo en los niveles pre-primaria y
primaria con 8.57 y 13.81 por ciento respectivamente), 38,041 embarazos de
adolescentes entre 14 y 18 años de edad y aumento en el número de niños que resuelven sus problemas de pobreza, violencia, búsqueda de empleo y deseo
de reunificación familiar, vía migración no acompañada (de los 57,525 niños, niñas
y adolescentes recientemente identificados en Estados Unidos, 14,046 eran guatemaltecos).
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) reporta
en 2011 que ha bajado la pobreza extrema en 1.87 por ciento. Se ha incrementado
la pobreza no extrema en un 4.58 por ciento, así como la pobreza general en
2.71.
De hecho, un
reciente informe del Banco Mundial refiere que Guatemala está entre los países
de América con mayor porcentaje de pobres crónicos (aquellos que en los últimos
10 años no han logrado superar la línea de la pobreza). Esto ha dado lugar al aumento
del número de niños y niñas que se incorporan al mercado laboral (la mayoría son
varones e indígenas que trabajan en el sector agrícola).
El Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, que tiene el presupuesto más pequeño, no llega
ni al 1 por ciento con relación al total y no tiene respuestas a dicho fenómeno.
La violencia
sexual es una peste.
De enero a
octubre de 2014, la Procuraduría de Derechos Humanos informó de 4,580 denuncias
de casos de niñas y adolescentes (el 68 por ciento del total de casos
denunciados), lo que refleja su mayor vulnerabilidad.
Si es cierto que
por cada caso denunciado hay 10 que no, y si se considera que esta cifra
representa solamente una instancia ante la cual se presentan denuncias; se
infiere que la cultura patriarcal y machista está violentando seriamente la
vida de las niñas y las adolescentes del país.
Frente a estas
cifras, las víctimas no encuentran programas, planes y proyectos que prevengan
y atiendan apropiadamente, y tampoco actores gubernamentales que tramiten con
celeridad la persecución penal y el castigo de los violadores de estos derechos.
Es frente a
estas circunstancias que se destapa esta red criminal que ha defraudado desde
2011, Q4 mil millones. El sistema de Justicia deja en la impunidad a los
capturados por esos delitos y aplica medidas sustitutivas a los funcionarios
del más alto nivel, tolerando la colusión de quienes dirigen los destinos del
país.
El sector de
mujeres estima que con lo defraudado el último año se pueden pagar
medicamentos de los hospitales en todo el país; también el total de la
educación secundaria a nivel nacional por todo un año; o las becas
estudiantiles por cinco.
Guatemala vio
frustradas y desvanecidas la confianza y la esperanza en aquellos que deberían velar
por el ejercicio de los derechos humanos de todos; especialmente de los más
vulnerables. Por eso es importante poner un alto.
Esos malos funcionarios defraudaron a la niñez de Guatemala.
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Myrella Saadeh LABERINTO
Myrella Saadeh LABERINTO
El nombre de esta columna es un lugar complejo, desde donde propongo hacer un recorrido por la situación de la niñez de Guatemala. Soy psicóloga, catedrática de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala e investigadora, y soy directora de PAMI. Una organización que promueve los derechos y la participación de la niñez y la adolescencia desde 1989. |
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