Estamos aquí para compartir
con ustedes la situación de la niñez de nuestros
países. En mi
caso, la de Guatemala...
En cuanto
a las violencias que sufren y que en muchos casos les orilla a tomar
decisiones que ponen en
riesgo su integridad y su vida, entre ellas,
ser integrados a maras y pandillas
que, en Guatemala, a pesar de
ser temidas cotidianamente, no se conoce con certeza cuántas son o cuántos
chicos
y chicas las integran. Hay estimaciones
del año 2014 sobre 70
clikas y 19 mil pandilleros.
1,026
estaban
recluidos en centros
carcelarios.
Otros niños,
niñas y adolescentes se ven
obligados a huir, a migrar de su país en condiciones
que violan sus derechos
humanos en
los
lugares de origen, tránsito y destino.
Este no es un fenómeno nuevo,
sin embargo, no se cuenta con suficiente información estadística real en
materia de migración
de la niñez y adolescencia.
En cuanto a información sobre el número
de niños, niñas y adolescentes no acompañados
encontrados
y retenidos en
centros de áreas
fronterizas en
Estados Unidos, la U.S. Customs and Border Protection indica que entre el
año 2009 al 30 de abril del 2016,
han retenido un total de 57,463
niños, niñas y adolescentes,
cantidad mayor que la de los
hermanos
países de El Salvador
(49,239) y Honduras (41,461). También reporta
que el número de niñez
migrante no acompañada
procedente
de Guatemala ha venido
prácticamente duplicándose a partir del 2011,
así:
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Total
|
(hasta
|
||||||||
30de
|
||||||||
abril)
|
||||||||
1,115
|
1,517
|
1,565
|
3,835
|
8,068
|
17,057
|
13,589
|
10,717
|
57,463
|
Fuente: U.S. Customs
and Border Protection
Por su parte, el Instituto Tecnológico de México considera que el número de niños y niñas de la región centroamericana retenidos en los mencionados centros, representa cerca de un 30%, lo que permite inferir que el fenómeno es mucho más grande.
Se ha identificado que las
principales causas de este fenómeno
migratorio
y su incremento en
los
últimos
años están asociados a las diferentes
violencias; desde
la estructural,
que genera exclusión social,
hasta otras modalidades
de violencias, como se verá más adelante.
La violencia
estructural
ha quedado puesta de manifiesto
en el
último
informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), que da cuenta de que en Guatemala, durante los últimos 11
años,
se han incrementado los
indicadores de pobreza y extrema pobreza en un 4.7% y 2.1% respectivamente,
y se ha reducido en un 9%
la clase media.
En coherencia
con la cifras de empobrecimiento, Guatemala
ha venido viviendo en
los últimos años
un retroceso en
el cumplimiento
de los Derechos
de la Niñez. Y ejemplifica esta afirmación, el
descenso en
la cobertura educativa (tasa neta) del nivel primaria en
un 11.5% entre
el año 2005 y el
2014,
y en 1.3% en el
nivel
preprimaria. Se reporta también el
incremento
del 4.1% de niños
y niñas con bajo peso al nacer ocasionando en los últimos
dos años, y la muerte de 3,543 niños y niñas menores de
1 mes
en los hospitales
nacionales del país.
Estos factores son, indudablemente, expulsores de
niñez y adolescencia
que están en la búsqueda de otras
y mejores oportunidades económicas
para ellos y sus familias.
Esto
denota
también
la insuficiente inversión de los sucesivos gobiernos en los Derechos
de la Niñez, que se refleja en
los
pobres indicadores, entre ellos, el grave descenso porcentual de la cobertura
educativa en el nivel primaria
en los últimos
4 años, que contribuye para que más de 4 millones
de niños y niñas quedaran fuera del
sistema escolar
en el
año 2015, y que se amplíe el
déficit en los programas de atención y prevención
que debe realizar el Ministerio de Salud,
vacío
que no posibilita superar los
indicadores de morbi-mortalidad y desnutrición
de la niñez y adolescencia.
Si se compara la inversión
directa en materia
de los Derechos
de la Niñez para el período 2011-2014,
se refleja que, a pesar
de que se ha incrementado en
un 38%, el monto de
$0.84
diarios que se aplican en educación,
salud y protección,
son insuficientes.
A la fecha,
no se ha dado pleno seguimiento a las recomendaciones
99.19 y 99.35 del Examen
Periódico Universal que proponen
al Estado de Guatemala
destinar
suficientes recursos financieros, garantizar una coordinación
eficaz
entre
las instituciones públicas encargadas
de mejorar
la efectividad de los
derechos
del niño y destinar los
recursos financieros y humanos
necesarios
al Ministerio de Desarrollo Social,
la Comisión
Presidencial
contra
el Femicidio,
la Secretaría de Violencia
Sexual, Explotación
y Trata de Personas y la Comisión Nacional de Reforma
Policial para garantizar que se cumplan sus objetivos.
El tránsito migratorio
se caracteriza por colusión
y corrupción en
el paso de fronteras, procesos
de traslado clandestino
de niños migrantes acompañados
o no,
una visión criminalizada y cosificada (es decir, como negocio)
del
migrante, aun si es menor
de edad, y de lo cual se aprovecha
el crimen organizado
y la debilidad en los controles fronterizos. Adicionalmente,
la legislación
e institucionalidad no poseen
enfoque
de Derechos de la Niñez y los programas de atención
en Guatemala y países fronterizos
son
escasos, insuficientes e insostenibles.
Este fenómeno deviene en un mayor
deterioro de la dinámica familiar, incremento de las violencias, especialmente
caracterizadas por extorsiones a las familias, lo que impacta en la salud mental,
privación de libertad y violación a su derecho de identidad, al ser despojados
de sus documentos personales de identificación. Tristemente, la enfermedad y
muerte aparecen en el panorama de este fenómeno social.
Sin embargo, en
Guatemala se registran
otras
violencias a las que urge poner
un alto, ya que no sólo expulsan a los niños y niñas de sus familias, sino también
del país. La violencia física es una de ellas. A pesar
de que se ha venido insistiendo
en eliminar el castigo
físico, los golpes y todo tipo
de agresiones,
estas
siguen siendo aplicadas a los niños
y las niñas sin limitación alguna. En los últimos dos
años
(2014 y 2015), el
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF),
ha desarrollado 1,956 peritajes por lesiones en
personas
menores de
edad, todos ellos
compatibles con
el maltrato,
independientemente de otras
agresiones que
nunca fueron denunciadas y, por
lo tanto, invisibilizadas. La cifra relativa a maltrato
infantil tipificado como violencia intrafamiliar contra niños
y niñas fue altísima: 35,805 casos. Lo
anterior hace reflexionar que
hace falta un cumplimiento más
pleno de las recomendaciones
99.16,
99.56 y 99.57
ya que
aún es necesario incorporar acciones
que den respuestas a las sugerencias
al Estado de aplicar políticas
y programas
para prevenir la violencia
contra
las mujeres y los
niños, así como promulgar legislación que prohíba explícitamente los
castigos corporales de los
niños en todos
los entornos, incluidos
el hogar y la escuela.
El INACIF también reporta
entre los años
2014 y 2015, 5,098 peritajes
asociados con
el abuso sexual,
data concentrada en el
rango de edad que pertenece
a la adolescencia, y principalmente en las mujeres. Sin embargo,
se reportan
749
casos
de abuso sexual en la primera
infancia, lo que resulta duramente
perturbador. Mucha de esta violencia
tiene repercusiones serias en otros
fenómenos:
el embarazo
de las niñas y adolescentes
entre 10 y 14 años
y el matrimonio a temprana edad.
En el año 2014 y hasta
agosto de
2015,
se reportaron
14,629 embarazos,
lo cual, si se cruza con
su escolaridad, resulta
que, según el Informe
Circunstanciado 2015 de la
Procuraduría de los Derechos Humanos,
el 85% de
las embarazadas que llegan a los
hospitales
no tienen ni 6º grado de primaria.
La Procuraduría
de los Derechos Humanos
reporta que
entre 2009 y 2015
se registraron
1,148
casos de explotación
sexual
comercial,
de los
cuales 477 son de
menores de edad.
30%
de los casos no refleja
la edad de la persona víctima.
En la Red Niña Niño, espacio en
donde confluimos más de 30
organizaciones sociales a favor
de la niñez y adolescencia, queremos
en este breve tiempo poner de
manifiesto nuestra preocupación
por la situación de este importante
sector de población. Durante el
año 2015, 4 diferentes comisiones
de trabajo que han dado lugar al mismo número de informes
o miradas alternativas
desde los mecanismos
de Examen Periódico
Universal de Derechos
Humanos, Informe Alternativo y su respectiva adenda que recoge
la voz de la niñez frente
al Comité de Derechos del
Niño, la Declaración de
Dakar sobre Educación con Calidad y los Objetivos
del Milenio, han
llegado a similares conclusiones: los
niños, niñas y adolescentes
de Guatemala, como
titulares de derechos,
siguen en situación de abandono
en todo
el sentido de la palabra por
parte de aquellos actores
responsables de su cuidado, de garantizarles la vida y el
disfrute de sus derechos humanos, en su calidad de garantes y corresponsables...
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Myrella Saadeh LABERINTO
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Myrella Saadeh LABERINTO
El nombre de esta columna es complejo, desde donde propongo hacer un recorrido por la situación de la niñez de Guatemala. Soy psicóloga, catedrática de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar e investigadora, y soy directora de PAMI. Una organización que promueve los derechos y la participación de la niñez y adolescencia desde 1989 |
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