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| BBC |
POR MARCELO COLUSSI
La reciente muerte de 40 jóvenes en el Hogar Seguro
Virgen de la Asunción, instancia pública regenteada por la Secretaría de
Bienestar Social, abrió una visión crítica de la situación de la sociedad y del
Estado: ¿Quién mató a estas adolescentes: el fuego, un carcelero irresponsable
o un Estado neoliberal ineficiente, heredero del
Estado-finca que ha venido caracterizando a la nación desde sus albores,
defensor de los grandes grupos agroexportadores e inexistente para las
necesidades populares?
Ello lleva a preguntar: ¿Por qué una sociedad es
como es? Y en este caso: ¿Por qué esta sociedad tiene 60% de su población bajo
el límite de la pobreza, 20% de analfabetismo, machismo patriarcal a la orden
del día, la mitad de su niñez desnutrida, más de un 11% de su PBI constituido
por remesas familiares de personas que se van irregularmente a Estados Unidos a
trabajar en condiciones de precariedad, pandillas juveniles violentas, 25% de
la población urbana viviendo en barrios marginalizados, 11% de la niñez urbana
trabajando, más cantinas que escuelas y hospitales y centros de salud
desabastecidos? Lo cual lleva a esta otra pregunta: ¿Por qué un Estado
“normaliza” todo esto?
El Estado es el mecanismo social que legitima
una situación dada. Dicho de otro modo: el Estado constituye en ley, en
ordenamiento simbólico universal, en mandato social obligado, un determinado
estado de cosas. La legislación (que es siempre una construcción histórica, una
convención) viene a darle valor inamovible e incuestionable a una situación
determinada. En ese sentido, la ley no es necesariamente justa. Es: “lo que
conviene al más fuerte”, como dijera Trasímaco de Calcedonia en la Grecia
clásica. El dirigente bolchevique Vladimir Lenin lo dirá con otras palabras dos
milenios y medio después: “El Estado es el producto irreconciliable de las
contradicciones de clase”.
El Estado es una fiel representación de lo que es
la sociedad. En Guatemala se asiste a un Estado de espalda a las necesidades
reales de su población. Un Estado que reprime, que viola en la práctica lo que
declara en su Constitución, que beneficia a unos pocos en detrimento de las
grandes mayorías. El Estado, en ese sentido, se constituye en el principal
violador de los derechos mínimos y elementales de su gente.
¿Por qué murieron calcinadas 40 jovencitas que
protestaban por abusos, negocio de trata sexual del que eran víctimas, golpes y
vejaciones? No por el carcelero desquiciado que no abrió la puerta: murieron por
una sumatoria de causas de las que el Estado es el principal factor y su
representación más cabal.
Lee también: “Hogar Seguro: ¿Por qué culpan a los padres de las víctimas?
El Estado de Guatemala (al igual que el Estado de cualquier país capitalista) no atiende realmente las necesidades de su población. En los países prósperos del Norte puede que invierta mucho más en cuestiones sociales, porque su situación económica se lo permite. Pero cuando la lucha de clases se pone al rojo vivo, nunca se equivoca en relación a quién debe defender. En el Sur, en los países pobres de África, Asia y América Latina, el Estado es equivalente a ineficiencia, corrupción y represión.
En Guatemala, ese Estado puede ser groseramente
abusivo, represivo, de espaldas a la población. Para ejemplo (para no repetir el
de las jovencitas calcinadas) puede verse su posición con el derecho a la
alimentación...
Guatemala es una utopía ensangrentada.
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Violación del derecho de alimentación en el
municipio de Camotán
El municipio de Camotán pertenece al
departamento de Chiquimula, en lo que se llama “Corredor seco”. Esta es una
región que cubre parte de los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El
Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa. Es un área especialmente
vulnerable a las sequías y en algunos puntos no cuenta con seguridad
alimentaria. En otros términos: es una de las zonas más pobres y golpeadas del
territorio nacional. La región sufre un proceso de deforestación muy grave, por
lo que su cobertura boscosa es escasa, quedando hoy día solo el 22% de la
cubierta original. En el Corredor seco
habitan varias etnias, entre ladinos y pueblos mayas ancestrales. Una de estas
etnias es la chortí. En el municipio de Camotán, uno de los más pobres del
país, el 60% de la población es maya-chortí.
Camotán cuenta con la cabecera municipal,
29 aldeas y 78 caseríos. La mayor parte de sus comunidades está inmersa en la
pobreza extrema. Los ingresos económicos se limitan a conseguir empleo precario
en las plantaciones de café de la frontera con Honduras (con magros salarios
que no permiten a las familias cubrir sus necesidades básicas) o depender de la
agricultura de sobrevivencia, en caso de tener tierras propias (microparcelas de
una hectárea o menos que escasamente proveen los alimentos básicos). La
alimentación se reduce a maíz y frijol. En ocasiones, sus dos comidas diarias
se limitan a apenas algunas tortillas de maíz. De ese modo es absolutamente
imposible superar el ciclo de desnutrición que afecta no sólo a los más
pequeños, sino a las familias en su totalidad. 72% de los integrantes de la
etnia chortí están desnutridos.
Muchas de esas familias no cuentan con
ningún tipo de saneamiento, siendo sus comunidades caldo de cultivo de parásitos
y enfermedades digestivas. El acceso al agua potable, muy escasa en la región,
requiere muchas veces de un largo recorrido a pie. Niñas y niños se ven
obligados a trabajar con apenas diez años para completar el ingreso hogareño,
en general abandonando sus estudios. Es muy común el matrimonio a una corta
edad y el promedio de hijos por mujer (empezando la maternidad a temprana edad)
supera ampliamente la media nacional.
En Camotán viven Brayan, Mayrita, Leonel
y las hermanas Dina Marilú y Mavelita Lucila, niños y niñas en extrema pobreza
que padecen desnutrición crónica. Las cuatro familias a las que pertenecen
estos niños han presentado una demanda histórica contra el Estado, lo cual
puede ser tomado como un caso paradigmático de violación al derecho de
alimentación a partir de una sentencia histórica, inédita, que marca un camino.
Según el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos Sociales y Culturales establecido en la cumbre de la FAO en
1996 y en cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(instrumentos jurídicos de los que Guatemala es signataria), además de la Ley
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Guatemala, la lucha contra
el hambre y la desnutrición es una obligación que el Estado debe cumplir. Pero
la realidad muestra que, lamentablemente, la obligación no siempre se cumple.
El Juzgado de Niñez y Adolescencia en
Conflicto con la Ley Penal de Zacapa, declaró al Estado de Guatemala como
responsable en estos cinco casos judiciales, presentados el 7 de noviembre de 2011.
La sentencia dictada por el juez Elvyn René Gutiérrez Romero destaca que el
Estado es responsable, por omisión, de violar el derecho a la alimentación, a
la vida, a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo, no sólo de los
cinco niños y niñas, sino de sus familias.
Los casos fueron presentados ante el
Juzgado por la Campaña “Guatemala Sin Hambre”, una entidad que aglutina a 14
organizaciones de la sociedad civil; lo que se pretendió con la iniciativa fue
proteger a esas tres niñas y dos niños con desnutrición crónica, originarios de
Cañón Tisipe y Lelá Chancó, comunidades de Camotán, al mismo tiempo que sentar
un precedente. Es decir: promover un movimiento político. Con la sentencia que
tuvo lugar se desestima lo que, en el 2011, el Estado trató de hacer,
desresponsabilizándose de sus obligaciones y responsabilizando (criminalizando)
a los padres de las familias de los menores de edad afectados, acusándolos de
presunta negligencia y falta de precaución por su enfermedad y desnutrición crónica.
“Hay
un Estado que no genera las condiciones para sacar adelante a los hijos. Hasta
el final del proceso se insistió en que las familias eran las culpables, que
eran unos haraganes, que trabajaban solo en determinadas épocas, muchos mitos.
Había mucha crítica hacia estas personas cuando estaban demandando al Estado;
sin embargo, no es un problema de cuatro familias de la región, estamos
hablando de más de la mitad del país que vive en extrema pobreza”,
explicaron en su momento voceros de la red de organizaciones de sociedad civil
que acompañaron la demanda.
Tras varias audiencias y con la plena
implicación en el proceso de la coalición de ONG’s “Guatemala sin Hambre”, el
informe antropológico determinó que “la
situación que viven las familias no les permite romper el círculo de la pobreza
y la desnutrición, no tienen horizontes de desarrollo humano”. En abril y
mayo de 2013 se llegó a las sentencias.
“El
Estado tiene la obligación de respetar, proteger y realizar el derecho humano a
la alimentación y no adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a la
alimentación adecuada”, dictaminó el juez en una sentencia histórica, que “declara al Estado responsable por omisión
por la violación del derecho a la alimentación, a la vida, a la salud, a la
educación, a la vivienda y al trabajo”. En la parte resolutiva, “se declara la responsabilidad del Estado al
no contemplar programas, políticas, acciones y medidas eficaces que evitaran
problemas de salud y desnutrición crónica y aguda sufrida por falta de
alimentación adecuada, y en consecuencia y velando por el interés superior de
los niños y niñas se estima que los derechos humanos violados deben ser
sustituidos”.
Las sentencias, que incluyen 26 acciones
vinculadas a diez órganos de gobierno que tienen alcance individual, familiar,
comunitario y nacional, sientan jurisprudencia en materia de derechos
económicos, sociales y culturales por primera vez en Guatemala. Los derechos de
niñas y niños deben respetarse.
De todos modos, el Estado intentó
revertir esta resolución histórica por la vía de amparos, buscando así anular
la sentencia. Pese a esas medidas dilatorias, la Justicia de Guatemala ha
rechazado los recursos de amparo presentados por varios ministerios, y la Corte
de Constitucionalidad se ha expedido a favor de los menores de edad y sus
familias.
La sentencia del Juzgado propone una solución de
carácter integral, en la que deben incluirse acciones de distintos organismos
estatales, tales como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SESAN), la Comisión Presidencial para la Resolución de Conflictos de Tierra
(CONTIERRA) y los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Agricultura, entre
otras instancias. Por otro lado, se establecieron plazos de uno a tres meses
para el cumplimiento de las medidas inmediatas.
En el marco del último Examen Periódico
Universal (EPU), llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en 2012, 55 Estados miembros de la ONU han formulado 111
recomendaciones referidas a la lucha contra la impunidad, el fin de la
violencia contra las mujeres, el derecho a la alimentación y la reducción de la
desnutrición, el acceso a la educación, la erradicación de la pobreza, la
protección de los derechos de los niños, de las personas con discapacidad,
pueblos indígenas, entre otras, que fueron aceptadas por Guatemala. Dado que el
país asumió voluntariamente estos compromisos, organizaciones sociales de mujeres,
personas con discapacidades, pueblos indígenas, niñez, adolescencia y
promotoras del derecho a la alimentación, han venido dando seguimiento al
desempeño del Estado y formulando propuestas para que este cumpla con su
obligación de garantizar los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos.
Transcurridos cuatro años del examen, las
organizaciones sociales reclaman ante la falta de compromiso del Gobierno con los
derechos de las minorías, haciendo un llamado a la población a iniciar un
debate nacional sobre derechos humanos, antes que se realice el siguiente EPU,
previsto para principios 2017. De hecho, la desnutrición continúa en Camotán,
así como en todo el territorio nacional.
Una de las madres de estas niñas y niños
que presentaron la demanda (Sebastiana, con 42 años de edad, madre de Mavelita
y 12 hijos más), explicó a algunos medios de comunicación que ellos aceptaron
denunciar al Estado pese a las consecuencias que esa determinación conllevó,
pues las familias de estos niños eran discriminadas continuamente, incluso por
sus propios vecinos de la comunidad, ya que el gobierno de turno les castigaba
sin medicamentos y otros recursos básicos por haber demandado. “Me animé porque nos vinieron a buscar. Mis
vecinas no lo entendían, decían que solo estaba consiguiendo alimentos para mí,
pero siempre seguí en la lucha. Además, no fue por eso, porque mi lucha no es
solo para mí, también para ellos”, declaró la citada progenitora.
Lee también: “Hogar Seguro: Es más fácil culpar a la víctima”
El Estado defiende que sí ha cumplido con su
obligación de garantizar el derecho a la alimentación, e incluso cuestiona que
la situación de estas cuatro familias sea la peor dentro de la comunidad. El
gobierno guatemalteco, bajo la administración del presidente Otto Pérez Molina
(ahora preso por casos de corrupción, pero curiosamente no por genocidio), puso
en marcha en 2013 el Pacto Hambre Cero, consistente en la entrega de raciones
de comida, con el objetivo de reducir en un 10% la desnutrición crónica
infantil en un lapso de cuatro años. Esa iniciativa, más de orden de la caridad,
o de la reacción cosmética, sin profundizar en las causas estructurales, no ha
logrado reducir significativamente la situación más allá de un cambio superficial,
ofrecido como un gran logro en términos políticos. Justo en el momento en que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió los estándares de medición, el
gobierno anunció que reduciría un 7% la desnutrición crónica; esa fue una
medida oportunista, pues solo por el cambio de estándar, y sin hacer
absolutamente nada más en términos reales para combatir el flagelo, logró que los números cuadraran para mostrar una supuesta reducción de la desnutrición.
Pero la realidad es muy otra.
La entrega de comida no es un remedio
real a la situación estructural; ello, en definitiva, pasa a ser parte de la
ideología de la beneficencia, alimentando una cultura del paternalismo que no
remedia nada a mediano y largo plazo. Un remiendo circunstancial, que no
soluciona los problemas de fondo. Por otro lado, ese mismo remiendo no es
suficiente, pues en cada saco el Estado proporciona un quintal de maíz, 30
libras de frijol y 17 de harina, cantidad que el gobierno calculó suficiente
para un mes. Pero según la FAO, la cantidad de alimentos que una familia de 5
miembros necesita son 35 quintales de maíz y de 6 a 7 quintales de frijol, por
lo que la ayuda entregada es escasa, teniendo un valor más político-cosmético
que otra cosa (independientemente del negocio corrupto que pudiera haber habido
en sobrecotizaciones y negociados turbios). Por lo pronto, muchas de las
familias chortí que recibieron los sacos de alimento han sido amenazadas con
dejar de recibir las ayudas si llevan a sus hijos a centros de recuperación
nutricional.
El propio Estado estimó que no llega al
100% de las familias con su ayuda, pero considera que con esta iniciativa se ha
reducido el índice de desnutrición. No obstante, la red de organizaciones
“Guatemala sin hambre” llama a no dejarse engañar por el gobierno y cita el
Informe alternativo del derecho a la alimentación en Guatemala, que recoge 116
casos de niños fallecidos por desnutrición en 2013.
Guatemala es el
segundo país de América Latina, detrás de Haití, con mayores índices de
desnutrición infantil, y se ha convertido en el quinto país del mundo con mayor
desnutrición infantil severa según datos de UNICEF. El 48% de los niños
guatemaltecos padece este mal, y esta violación del derecho a la alimentación
se agrava en el caso de los niños indígenas, en los que la desnutrición alcanza
al 80% de ellos, según la citada agencia de Naciones Unidas.
De los 22
departamentos del país, 12 presentan alto o muy alto riesgo de desnutrición,
según el mapa de vulnerabilidad nutricional 2015 de la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional del gobierno.
Distintas organizaciones sociales que
trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia recientemente, en el año
2016, hicieron un llamamiento al presidente Jimmy Morales para que cumpla los
compromisos adquiridos por el Estado en octubre de 2012, durante la presidencia
de Pérez Molina, cuando Guatemala recibió recomendaciones para mejorar la
situación de los derechos humanos en el país, resultado del EPU llevado a cabo
por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“El
Presidente Morales debería acelerar el cumplimiento del compromiso de
establecer un órgano de seguimiento que esté integrado por el Gobierno, la
sociedad civil, las organizaciones internacionales y posiblemente
representantes de los países donantes que estén de acuerdo, con el fin de
aplicar plenamente las recomendaciones internacionales de Derechos Humanos,
incluidas las formuladas en el marco del EPU”, manifestaron estas
organizaciones.
La solución del hambre, esta grave
violación a los derechos de la niñez con consecuencias letales en el mediano y
largo plazo, sigue siendo una agenda pendiente, más allá de las
administraciones de turno que ocupan el gobierno.
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A modo de
conclusión
Está claro que el aparato de Estado es un
mecanismo que cambia sus funcionarios cada cierto tiempo, pero que más allá de
esos personajes circunstanciales, cumple una misión transpersonal: mantener las
cosas tal como están. El presidente de turno, en Guatemala como en cualquier
país con economía de mercado, es un mero administrador. Administrador (obligado
es decirlo) que recibe órdenes al oído de los grupos de poder (¿poderosos
grupos económicos?, ¿Embajada de Estados Unidos?, ¿de Dios, quizá?), pero nunca
de la población de a pie.
Todo ello se puede evidenciar en cómo se mueven
las relaciones políticas reales: la población, aunque ejerce su voto cada
cierto de tiempo, es un absoluto convidado de piedra en la real toma de
decisiones de las cosas que definen su vida.
¿Por qué murieron calcinadas 40 mujeres jóvenes
en Guatemala? ¿Por qué en el municipio de Camotán hay hambruna crónica? ¿Por
qué en el mundo se gasta más en armamentos que en alimentación o educación?
¿Decide la gente algo de todo eso? ¡En absoluto! Los Estados son los mecanismos
a través de los cuales los grupos poderosos (clases dominantes) mandan a la
totalidad de la población. No se trata de la corrupción de algún funcionario
venal puntual; eso es solo un accidente anecdótico. La causa real de las
penurias sociales está en la forma en la que está armada la sociedad, justificada
por eso que llamamos “Estado”. ¿Será hora de ir pensando en otra forma de
organizar todo eso entonces?
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Marcelo Colussi PLATIQUEMOS UN RATO
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| Argentina (1956). Estudió Psicología y Filosofía. Vivió en varios países latinoamericanos y desde hace 20 años radica en Guatemala. Investigador social, psicoanalista y además escribe relatos, con varios libros publicados. Foto: aporrea.org |
¿No
es mejor ser invisible en las calles de una ciudad como la tuya? Segunda novela
y tercer libro de Christian Echeverría. Pronto a la venta.
Excelente!!
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