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| Foto: Pelayo Llarena/Prensa Libre |
POR MARCELO COLUSSI
“La
ley es lo que conviene al más fuerte”, sentenciaba Trasímaco de Calcedonia
en la Grecia clásica. La fórmula sigue siendo válida al día de hoy: la ley, el
derecho, las normas que fijan la vida, no son absolutas ni universales. Mucho
menos: naturales ni de origen divino. Responden siempre a un proyecto
hegemónico, a un centro de poder. La justicia, más allá de la pretendida
búsqueda de objetividad, es siempre justicia para algunos. En otros términos: todos somos iguales, pero algunos
son más “iguales” que otros.
Vale comenzar con esta idea para
entender qué está pasando en este momento en Guatemala con la discusión sobre
las reformas constitucionales, fundamentalmente lo relacionado al (los)
sistema(s) de justicia.
Pareciera que el debate se centra entre
uno y otro: el de la justicia ordinaria (¿la “occidental”, podríamos llamar?) y
el de la justicia tradicional maya. Tal como cierta posición presenta las cosas,
la discusión gira sobre cuál es “más conveniente”, cuál ofrece más soluciones.
Y, por supuesto, la opinión que los principales factores de poder nacional
esgrimen, vuelcan la decisión hacia la justicia actual, la que viene marcando
el paso desde la constitución del Estado hace ya dos siglos, excluyendo el
derecho consuetudinario de los pueblos mayas.
En esta lógica, esos factores de poder (abanderados
por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales
y Financieras –CACIF-) muestran una situación artificial, tendenciosa, que
sirve para confundir a la opinión pública, intentando inclinarla para una
determinada posición. De ese modo, se presenta el derecho maya tradicional como
“atrasado”, “violento”, mostrando que no es lo que “el país necesita”. La
imagen prejuiciosa de una justicia tradicional que latiguea en plaza pública a
los declarados culpables es lo que campea como símbolo. Junto a eso, la otra
justicia, la hoy día existente, la “oficial”, se presenta como racional, balanceada,
no violenta. El debate (falso) pretende resaltar las bondades de un sistema
sobre las “deficiencias” y “atrocidades” del otro.
Complementando esa falsa dicotomía, el
mensaje que esta visión antimaya envía es de supuesta unidad nacional. “Guatemala es una sola, por ende, un solo
sistema de justicia debe haber”, sería la propuesta. Propuesta, incluso,
que es fácilmente digerible, hasta inteligente: “¿Por qué dividir en vez de sumar?”, informa maliciosamente. Y dado
que el derecho tradicional maya, por una suma de elementos, no ha podido hacerse conocer claramente ante la opinión pública explicando cómo funciona ni qué
ventajas ofrece, la visión difundida por el CACIF se impone.
Ello se amarra, además, con un racismo
visceral que barre toda la sociedad (“Seré
pobre pero no indio”), sobre el que la visión de “civilización versus
barbarie” puede asentar perfectamente. El fantasma de la “rebelión de indios” (que
vendrían a cobrarse venganza por el despojo originario) sigue presente. La
cabeza de un ladino actual sigue funcionando no muy distintamente a la visión
de un conquistador del siglo xvi.
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Sin embargo, analizando en profundidad, la
manipulada dicotomía encubre algo más que racismo. Los factores de poder
(léase: empresariado nacional), además de racistas (ni un solo indígena compone
la cúpula del CACIF), tienen mucho que perder ante un cambio de paradigma
legal. De hecho, ponen urgentemente las barbas en remojo ante la posibilidad de
que la justicia cambie. ¿Por qué? Por lo que decía Trasímaco: porque la ley, la
justicia, el derecho, ¡conviene al más fuerte!
La ley supuestamente “buena”, la “civilizada”,
es la que hoy domina. Ella legalizó el robo de las tierras de los pueblos originarios
siglos atrás, y permite seguir robando recursos, aniquilando la naturaleza en
los territorios que ocupan los pueblos mayas, desviando ríos y criminalizando
la protesta comunitaria. Si a ese derecho se le opone un derecho favorable a
los pueblos ancestrales, ¿quién es el que se perjudica?
Hoy, como dice Boaventura Sousa Santos,
refiriéndose al caso colombiano en particular y, latinoamericano en general, “la verdadera amenaza no son las FARC. Son
las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y
campesinos. La mayor amenaza [para la geoestrategia de Estados Unidos y las
oligarquías nacionales] proviene de
aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde se
encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo, riquezas
minerales], o sea, de los pueblos indígenas”.
No nos dejemos confundir con la fantasía que a un ladino lo van a latiguear en
público: lo que está en juego es la legitimidad de un robo que ya se tornó
legal…
Nota publicada en
Plaza Pública el 20/02/17.
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Marcelo Colussi
PLATIQUEMOS UN RATO
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Argentina (1956). Estudió Psicología y
Filosofía. Vivió en varios países latinoamericanos y desde hace 20 años radica
en Guatemala. Investigador social, psicoanalista y además escribe relatos, con
varios libros publicados. Foto: aporrea.org
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Guatemala es una utopía ensangrentada.
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